Santo Tomé: vecinos de la zona de countries piden que se cumpla con la inversión del plusvalor inmobiliario


Se lo hicieron saber al Concejo y a las autoridades locales. Existe una iniciativa del Ejecutivo -aún no aprobada por el Cuerpo- con la cual se pretende destinar los fondos pagados en concepto de plusvalía por el Complejo Santomás a la optimización del sistema de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales.

Vecinos que representan a distintos barrios que componen el llamado Distrito de Urbanizaciones Especiales 23 de Santo Tomé (más conocido como DUE 23), han dejado en claro que quieren que se cumpla la normativa vigente en materia de plusvalía en la ciudad, la ordenanza Nº 2.844 del año 2011. Es decir, que aquello que genere el propio sector a través de nuevos desarrollos inmobiliarios y complejos habitacionales en construcción, se invierta en obras de infraestructura y de servicios que faltan en dicha zona, la que ocupa una amplia franja del norte santotomesino.

Por eso mismo, nucleados bajo la Asociación Pai Sumé, un grupo de referentes de la zona de countries se han pronunciado en contra de una iniciativa del municipio local, porque entienden que no tiene en cuenta lo que dictamina la norma antes referida (con sus distintas modificaciones), por medio de la cual se establece el porcentaje que debe ser destinado al DUE 23 como plusvalor y confirma que las obras deben ser realizadas en dicho distrito.

Enviada al Concejo Municipal, pero por ahora pendiente de aprobación, la propuesta del Ejecutivo encabezado por la intendenta Daniela Qüesta prevé destinar la totalidad de los fondos pagados en concepto de plusvalía por la firma Pilay S.A., en este caso para desarrollar el proyecto denominado Santomás, a la obra de optimización del sistema operativo de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales. Estas instalaciones están ubicadas en la jurisdicción de vecinal General Paz, en el sureste de la localidad. Su recuperación y modernización implican, en su etapa inicial, una inversión de 63 millones de pesos, la que fue confirmada por la propia jefa municipal en agosto pasado.

Como explican los vecinos del DUE 23 en un escrito enviado el 27 de septiembre pasado a la presidenta del Cuerpo Legislativo, Gabriela Solano, la normativa vigente no habla en ninguna instancia de que el dinero pueda invertirse en obras que se realicen en otras zonas de la ciudad, o que puedan tener algún impacto indirecto en los vecinos del sector. Tiene que ser en el DUE.

Destino único y exclusivo

La ordenanza en cuestión expresa textualmente lo siguiente: «El porcentaje equivalente al 5% restante del valor equivalente a lo invertido en infraestructura para el desarrollo del proyecto en concepto de mayor valor emergente en el cambio de un subsuelo, o el aprovechamiento del predio afectado que el municipio capta, será realizado mediante un depósito de dinero en efectivo que debe equivaler al valor que le correspondiera aportar». Y aclara, además, que dicho aporte «será destinado exclusivamente por el municipio para la realización de obras de infraestructura en el DUE».
 

Atento a lo anterior, los vecinos insisten en que van a velar «porque se cumpla la ley y se hagan las obras que son necesarias para la zona, solicitando a los señores concejales que rechacen la propuesta de ordenanza enviada por el Ejecutivo», tal cual finaliza la nota remitida a Solano, que lleva la firma de Georgina Rizzi (Las Almenas), Fernando Aguiló y Capera (Dos Lagunas), Simón González (El Pinar), Martín Barriocanal (La Tatenguita), Augusto Leiva Telón (Altos de la Ribera), Adrián Ramírez (Aires del Llano) y Luis Felipe Agramut (El Paso), que a su vez representa a la Asociación Pai Sumé.

Previamente al envío de la citada nota, el 9 de septiembre pasado, los representantes del DUE 23 mantuvieron una reunión con la intendenta Qüesta, en la que la titular del Ejecutivo les hizo una serie de propuestas para el sector, como ser la construcción de garitas y la concreción de otras inversiones con recursos del municipio. Los referentes barriales lo debatieron internamente y tomaron la decisión de dejar por escrito su posición, tal cual se la informaron a Solano: que se cumpla la normativa vigente.

Dada esta situación, que sintetiza el reclamo planteado por los vecinos de la zona de countries, El Litoral dialogó con Simón González, quien explicó el porqué de la posición adoptada, la que, dijo, les ha permitido consolidarse como sector, en representación de «un espacio territorial que tiene vida propia».

No hay que olvidar que allí, tal como aclaró González, convive un número más que importante de habitantes (entre 7.000 y 8.000 personas, calculó), a la vez que un número similar de habitantes de otras zonas se dirigen al DUE a diario para realizar distintos trabajos, como ser, entre otros, cuidado de niños, limpieza, servicio de mantenimiento de piletas, jardinería, albañilería, clases particulares o peluquería.

«Nos sentimos marginados»

«No tenemos una comisaría, ni una escuela, o un dispensario… No tenemos espacios públicos, ni una plaza», siguió explicando el vecino. «La verdad es que hay una muy baja presencia del Estado, a pesar de que somos miles de personas las que vivimos en esta zona, en la que ni siquiera contamos con un servicio de transporte público que nos conecte con el resto de la ciudad a la que pertenecemos», acotó.

«Por eso nos sentimos discriminados y marginados por el Estado, sobre todo el municipal», prosiguió González. Hemos hecho un recuento de las obras, subrayó luego, «y en los últimos treinta o cuarenta años el municipio hizo prácticamente una obra de mediana envergadura en este sector». «Las que se hicieron fueron iniciativas de la Provincia: las colectoras, que se pavimentaron para la Copa América 2011, el Acceso Norte -más que nada por la necesidad de los vecinos del resto de la ciudad de mejorar su vinculación con Santa Fe- y ahora el rulo o distribuidor, que también es obra provincial», detalló el vecino.

Al margen de lo expuesto, González rescató las reuniones y las consultas que tuvieron estas últimas semanas con los concejales porque «fue una oportunidad para que nos conozcamos y para plantearles nuestros reclamos». «Nosotros lo que buscamos es que se cumpla la ley, que establece que un porcentaje de lo que se cobra por plusvalía tiene que ser ejecutada en obras en el DUE 23», añadió.

A la vez, se preocupó en aclarar que esas obras «no sólo beneficiarían a la zona de countries, sino al resto de los barrios comprendidos en el sector norte de la ciudad, como Costa Azul, «en el cual los chicos no tienen un colectivo con el que movilizarse para ir a la escuela, ni un lugar para ser atendidos por problemas de salud».

«Esta es una zona muy amplia, con muchos reclamos que tienen que ver con iluminación, seguridad, calles en mal estado, un servicio de transporte, agua potable y cloacas», describió el vecino a continuación. «Hoy en día gran parte de los vecinos no tienen desmalezado ni espacios públicos… Por eso pedimos que se cumplan las ordenanzas que fueron sancionadas y aprobadas, para que no se destine esa plata a objetivos diferentes a los establecidos por ley», concluyó.

Noticia de: El Litoral (www.ellitoral.com)

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