Siete condenados por la venta de celulares truchos y robados


La investigación comenzó en agosto último, y apuntó a los lugares de reducción y blanqueo de aparatos provenientes del delito.

Siete personas fueron condenadas este martes por haber incursionado en el negocio de los celulares truchos y robados, en la ciudad de Santa Fe, en el período que abarca desde el 1° de enero y hasta el 1° de agosto de este año. En todos los casos la sanción fue de tres años de prisión condicional, cinco años de inhabilitación para ejercer el comercio del rubro y multas que van de los $ 20.000 a los $ 200.000, además del cumplimiento de reglas de conducta por un año.
 

La sentencia fue dictada en forma oral por el juez penal Leandro Lazzarini, en una audiencia de juicio abreviado, que fue solicitada por la fiscal a cargo de la investigación, María Gabriela Arri, y las defensas de cada uno de los imputados.
 

«Esta investigación arrancó a principios de agosto, por una instrucción del Fiscal Regional, Carlos Arietti, como política criminal del MPA para la persecución del robo de celulares -principalmente en su modalidad arrebatos y motochorros-; así como para prevención general y para desalentar la práctica», explicó la fiscal Arri.
 

Inspecciones y allanamientos
 
Así fue que tras dos meses de investigación se dispuso un operativo para desbaratar los lugares de reducción de celulares robados, el cual se llevó a cabo el 6 de octubre en distintos puntos de la ciudad.
 

Ese día se realizaron 23 inspecciones oculares y 4 allanamientos, producto de los cuales se secuestraron 717 celulares y tablets -más de 100, denunciados por sus titulares como robados o extraviados-. Hubo 16 personas aprehendidas: 5 recuperaron la libertad a las pocas horas y los 11 restantes fueron imputados en tribunales. De estos últimos, siete firmaron abreviados; mientras que se continúa verificando equipos de telefonía para determinar la responsabilidad de los últimos cuatro.

Por encubrimiento
 
 

Hasta el momento, recibieron condenas Mariana Lilian Huser (43) y Diego Rubén Gómez (45), quienes regenteaban un negocio que funcionaba en Diagonal Martínez 2837 y cuyo nombre de fantasía era «Celulares Jphone».
 

La fiscal Arri les atribuyó a ambos «haber recibido y tenido en su poder, a sabiendas de su procedencia ilícita, 189 teléfonos celulares de los cuales al menos 10 se encontraban inhabilitados por el ENACOM por ser denunciados como sustraídos o extraviados, 90 placas, 62 tablet, 6 notebook, una CPU, 250 módulos y 3 dispositivos denominados «BOX» de instalación de Software y de liberación de IMEI, utilizados para modificar ilegítimamente el número de identificación de las terminales celulares, sin tener habilitación para ello y siendo ésta su actividad habitual». 
 

También fueron condenados David Alfredo Baru, de «Delta Electrónica», de la calle Gorrriti 5040 (tenía 18 teléfonos robados); Alejandro Diego Visani (51), quien administraba «Zion comunicaciones e informática», ubicado en Castelli 3989 (le encontraron 5 teléfonos inhabilitados por el Enacom y 16 dispositivos BOX); Mauro Aníbal Robles (37), de «Mastercell», local ubicado en Aristóbulo del Valle al 9200 (tenía 70 teléfonos de los cuales 23 eran robados); Damián Aníbal Cabrera (45) y Mauricio Alejandro Coria (34), quienes juntos regenteaban «Lidercell», en Pasaje Bustamante 2215 (5 teléfonos robados y 5 dispositivos BOX).
 

Los siete fueron considerados autores del delito de «encubrimiento, agravado por habitualidad y ánimo de lucro y por no contar con habilitación especial», a la pena de 3 años de prisión de cumplimiento condicional; más 5 años de inhabilitación especial para ejercer el comercio de compra, venta o reparación de teléfonos celulares; y multas de $ 20.000 para Visani y Robles; $ 50.000 para Baru; $ 120.000 para Huser y Gómez; y $ 200.000 para Cabrera y Coria. 

Noticia de: El Litoral (www.ellitoral.com)

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